La miopía del SENAME
viernes, octubre 14, 2016
Luis
a miopía es una condición hereditaria que se presenta cuando
la luz que entra al ojo se enfoca de manera incorrecta, haciendo que los
objetos distantes aparezcan borrosos. Por tanto, cuando estamos ante una
institución miope, ésta presenta dificultades para enfocar bien los objetos
lejanos, lo que provoca déficit de agudeza visual y puede conducir estrabismo e
incomodidad.
Son múltiples las razones que nos permiten sostener que el
Servicio Nacional de Menores (SENAME) es una institución miope, que no logra
mirar más allá del corto plazo, por lo que no nos sorprende que cada cierto
tiempo, sea foco de contundentes críticas. Éstas ponen en evidencia graves
problemas, siendo los más graves aquellos que se relacionan con la vulneración
de derechos en niños, niñas y adolescentes. Es decir, producto de la miopía que
la afecta, una institución encargada de interrumpir y restituir derechos
termina vulnerándolos.
Esta vez la causa de estas críticas radica en que este mismo
servicio ha decidido, sin razones suficientes, cerrar la única línea
programática encargada de la prevención y la promoción de derechos, que para
ser honestos, debería constituir una política universal, que opere sin
distinción, evitando la focalización en aquellos “más vulnerables”.
Se trata de
40 Programas de Prevención Comunitaria (PPC) distribuidos en distintas regiones
del país (aunque mayoritariamente presentes en la Región Metropolitana), que
despliegan un trabajo territorial, acumulando años de trayectoria en el
desarrollo de estrategias de intervención comunitaria. Es precisamente en este
ámbito que el programa se destaca por sobre el resto de la oferta “reparatoria”
del SENAME.
Y fue precisamente su dimensión de acción comunitaria lo que
llamó la atención del equipo de investigación que ahora se ve interpelado a
escribir esta columna. Nos preocupa e inquieta fuertemente el cierre de estos
programas, pues como parte de los casos estudiados recientemente en un proyecto
de investigación FONDECYT -cuyos resultados han sido publicados en diversas
revistas científicas nacionales e internacionales-, pudimos constatar lo
interesante que resulta la actuación del componente comunitario para el
desarrollo de condiciones que permitan que niños, niñas y adolescentes se
vinculen con un entorno de mayor protección y que asegure un bienestar que años
de políticas cortoplacistas y estandarizadas no lograron instalar.
Con este escenario (PPC cerrados sin razón aparente), la
política preventiva del SENAME sólo se canalizaría a través del área
intersectorial de las Oficina de Protección de Derechos (OPD), que constituye
una línea programática debilitada y que está expuesta a graves
instrumentalizaciones políticas, pues los municipios suelen recurrir a sus
equipos territoriales para distintos fines, algunos de ellos vinculados, por
ejemplo, a propósitos electorales. Es justamente este hecho el que ha sido reportado
en otra investigación previa llevada a cabo por este mismo equipo, donde
estudiamos la dimensión ética que se pone en juego al momento de desarrollar
intervenciones comunitarias.
Llama la atención que las decisiones que generan efectos en
la vida de niños y niñas de sectores vulnerados en nuestro país, no consideren
evidencia acumulada por investigaciones que han sido financiadas por el mismo
Estado que, ahora, cierra un programa insustituible. Se descartan así,
aprendizajes provenientes de más de 15 años de implementación por parte de
ONG’s que han dedicado su vida a la promoción y defensa de los derechos
humanos.
Muestra de ello es lo que en palabras de una participante se
destaca como aprendizaje: “Cuando yo llegué aquí era como un pollito… No
hablaba con nadie… y aquí empecé a conocer gente… Entonces me empecé como a
desenvolver, a activarme más, a hacer cosas , a hacerme escuchar también. Y así
seguí… hasta que me metí a vocería, estuve en teatro, viajé a diferentes
regiones… Fue súper importante para mí porque siempre me mantenía activa, y me
ayudaba a mi misma a sacar ideas… Porque uno tiene que aprender a
desenvolverse, a dar la opinión sin vergüenza…”
Esta situación se agrava aún más si consideremos como se han
desarrollado las políticas públicas de infancia en los últimos años, y las
falencias que aún mantiene Chile en materia de derechos de infancia. Sigue
pendiente la promulgación de una ley de protección que mejore la
institucionalidad y haga efectivo el ejercicio de los derechos para todos los
niños, niñas y adolescentes que habitan en el país, permitiendo un desarrollo
político y legal acorde a los estándares internacionales que tanto se
referencian cuando la clase política, hoy indiferente en estas materias,
discute respecto al crecimiento económico, prioridad en la agenda desde hace
décadas.
