Institucionalidad ambiental: es hora de cambiar el rumbo.


Al realizar un recorrido por la historia de la institucionalidad ambiental chilena, hay hechos que llaman la atención e invitan a la reflexión, sobre todo después de considerar el momento de crisis institucional y política que atraviesa Chile.
Si nos remontamos a las décadas de los 80, previo a la dictación de la ley ambiental (N° 19.300 de 1994), incluso si revisamos artículos de comienzos de la década de los 90, encontraremos mucho material que refleja posiciones políticas, visiones e ideologías distintas, que nos dan cuenta de lo que se debatía públicamente, sobre cómo debía ser abordada la problemática ambiental, la que en esos años era un tema “emergente”.


De estos intercambios de ideas participaban diversos actores, personas ligadas al mundo de las ONGs, la academia, las industrias e incluso el mundo político. Al revisar documentos de la época, se percibe una calidad de diálogo muy distinta a la actual, el cual es en un sentido más simple, pero a la vez más profundo e integral y también más sincero. Entonces había una cierta disposición a debatir, a identificar las problemáticas que debían ser abordadas, a buscar soluciones o salidas. Hoy nos preguntamos ¿qué pasó con eso? Sin duda, en la actualidad vivimos una situación mucho más instrumental, que no busca afrontar temas y problemáticas de fondo.
Probablemente con la llegada de gobiernos electos y la promulgación de la ley ambiental el año 1994, algo cambió. Muchas de esas personas pasaron a ocupar cargos públicos, a situarse en centros de estudios cada vez más dependientes del financiamiento que pudieran conseguir de instituciones privadas, un porcentaje se fue a trabajar en grandes empresas, otros simplemente optaron por pensar que al existir una institucionalidad ambiental los problemas ambientales de Chile se solucionarían por sí solos o gradualmente, y también hay quienes hicieron la vista gorda.

Lo cierto es que con la llegada de los gobiernos democráticos –como país– nos abocamos más al hacer que al pensar. Más bien, dejamos de pensar hacia dónde queríamos ir. Lógica que no solo se instaló en materia ambiental, pero que, ciertamente, derivó en la pérdida de sentido y una creciente aprobación de medidas orientadas a hacer que la institucionalidad funcionara, pero sin reflexionar sobre el sentido de la misma.

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